martes, 29 de noviembre de 2011

Terrorismo de Estado e impunidad


 x Carlos Fazio

"Tras la imposición de Calderón mediante un “fraude patriótico” en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida."

I


El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas” se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un “fraude patriótico” en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Bajo el disfraz de una “guerra” al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el “enemigo interno”, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como “brutalización de la política”, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al “enemigo interno”, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como “un peligro para México” marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que “protegía” al país con “el monopolio del poder” (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a “bajas colaterales”.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza “por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone”. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto crimin



II

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten” (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la “función” de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca “quebrar” al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como “mal necesario” y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.


III

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.


IV

éxico vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción “permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como “combatientes ilegales”, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un “limbo” legal hasta el presente, apoyado por un “sistema” judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.


LaJornada

martes, 22 de noviembre de 2011

REDD - La codicia por los árboles





Titulo original: REDD : la codicia por los árboles (El Caso Chiapas: la Selva Lacandona al mejor postor)
Direccion: Domingo M. Lechón
Guión: Ángel Galán, Jesica Ciacci, Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Imagen y sonido: Ángel Galán, Mario Nájera, Néstor Jiménez, Luis Iborra, Fuyumi Labra, Jesica Ciacci
Producción: Jesica Ciacci
Producido por: Otros Mundos AC - Amigos de la Tierra México
Con el apoyo de: Amigos de la Tierra Internacional, Fundación Siemenpuu, Global Justice Ecology Project
Entrevistas: Domingo M. Lechón, Claudia Ramos, Jeff Conant, Jesica Ciacci
Animaciones: Jesica Ciacci, Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Dirección de arte: Jesica Ciacci
Voz en off: Saskia Hernández
Diseño: Domingo M. Lechón
Edición: Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Imágenes extras: Canal10 Tv Chiapas, Comunicación de Gobierno de Chiapas, Organización de las Naciones Unidas ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Notimex, Amigos de la Tierra Internacional, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Diario de Chiapas
Música: Calle 13, Balam, F-Steel
Agradecimientos: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Ranchería Huitepec-Alcanfores, Comunidad de Betania, Comunidad de Amador Hernández, Enlace, Comunicación y Capacitación AC,  Maderas del Pueblo del Sureste AC, Cooperativa Ambio, Conservation International, SEMAHN Gobierno de Chiapas, Koman Ilel, Naranjas de Hiroshima, ECO - Estrategias en Comunicación, Amigos de la Tierra Internacional, RECOMA, Isaac Rojas, Javier Balderas Castillo y a todas las personas que hicieron posible este trabajo.
Grabado en: Quintana Roo: Cancún (dic 2010) y Chiapas: Amador Hernández, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Betania, Acteal (abril-julio 2011)
Licencia: Creative Commons . Algunos derechos reservados :
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En todo caso referenciar la autoría

Pais de produccion: México
Año: 2011



El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los bosques) resuena en la actualidad de Chiapas, México y muchos otros lugares del mundo. Fue propuesto hace unos años en la ONU como un mecanismo de compensación que ayudara para combatir el cambio climático. Sin embargo en la Cumbre del Clima de Cancún en 2010 (COP16), esta propuesta se afianzó fuertemente gracias al impulso del Gobierno de México, quien presentó algunas “acciones tempranas” de REDD e introdujo a comunidades rurales en el mercado del carbono…  En este video documental distintas partes implicadas dan argumentos sobre REDD, sobre el interés que hay en la implentación de este mecanismo y sobre lo que implica para Chiapas. Aquí mostramos algunos comentarios de las partes implicadas que los medios de comunicación comerciales ocultan.  REDD ¿aporta una solución real a la crisis climática? ¿Qué relación existe con la brecha lacandona? ¿Qué lo hace un tema tan importante?*1

ENREDDAR A CHIAPAS

En el mundo, la situación de la capa forestal es grave. La tasa anual de variación de la superficie forestal de 2000 a 2005 fue del -0,51% (y -0,46% de la década de los 90). De 1990 a 2005, en quince años, se perdió el 3% del área total de bosques representado un 5% de reducción de depósitos de carbono. Aproximadamente 13 millones de hectáreas se deforestan anualmente, lo que equivale liberar a la atmósfera aproximadamente 2 billones de CO2 por año. Se calcula que para la totalidad de los trópicos, las emisiones por deforestación equivalieron a 1.500 millones de toneladas de CO2 anuales en el periodo mencionado. Esto representa el 17% de las emisiones mundiales de Gases Efecto Invernadero (GEI). Los bosques almacenan 289 Gt de Carbono y solo el 12 % de los bosques del mundo han sido designados para la conservación de la biodiversidad biológica.

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos forestales, un 47% de las tierras, que equivalen al 22% de la superficie forestal mundial. Al menos diez países cuentan con 1.000 especies de árboles y la región es considerada en primer lugar en el mundo en cuanto al número de especies de árboles en peligro o vulnerables a la extinción. Alrededor del 12% de toda su superficie forestal está destinada principalmente a fines de producción (el promedio mundial es de 32%). En Brasil solo el 5,5% de sus bosques pertenece a esa categoría, en Uruguay el 60%; en Chile el 45% y en Perú el 37%. La región es responsable del 12% de las emisiones globales de GEI y a nivel mundial genera más en dos sectores como porcentaje de sus emisiones totales. Una, en el cambio de uso de suelo por deforestación (47% contra el 19% en el mundo); y otra, en la agricultura (20% contra el 14%) por el uso de fertilizantes y de las emisiones de metano originadas en la actividad ganadera. De 2000 a 2005, la región perdió 4,5 millones de hectáreas de cubierta boscosa. Los volúmenes más altos de emisiones los produjo América Latina con 71.000 millones de toneladas de CO2 por año.

En México, los bosques cubren el 31% del área total de la superficie. En los últimos 13 años, con el financiamiento del Baco Mundial, éste asegura que el país ha logrado la protección de 800 mil hectáreas de bosques comunitarios y se ha evitado la migración de seis mil 204 campesinos. Se establecieron 353 regulaciones y estatutos sobre la protección de bosques y 51 esquemas de pago por servicios ambientales. Además han sido fortalecidas 41 asociaciones y 179 empresas comunitarias de bosques, mientras más de un millón 783 mil hectáreas se encuentran reguladas bajo 274 planes de zonificación comunitaria. Todo esto generado a raíz de un plan piloto desde 1997. Gracias a ello, el Banco Mundial asegura que México se ha convertido en líder mundial en materia de manejo sustentable de bosques comunitario.[3] Sin embargo, esto es muy contrastante con la pobreza en aumento no sólo de la población rural, del hecho en que México ocupa el primer lugar en migración en el mundo y que la deforestación avanza a un ritmo acelerado por medio de la implementación de diversos megaproyectos.
La Estrategia de REDD en Chiapas.

La estrategia de REDD del Estado de Chiapas que se alinea a las decisiones federales en materia de cambio climático. Las Directrices del gobierno mexicano para la mitigación es la preservación y aumento de sumideros de carbono, lograr que en 30 años se reduzca al 0% la deforestación, reconvertir las tierras agropecuarias degradadas, mejorar la cobertura en 60 millones de tierras ganaderas, fortalecer el combate de incendios, incorporar ecosistemas forestales a las Unidades de manejo para la Conservación de la vida silvestre (Uma), a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), o al Manejo Forestal Sustentable (MFS), entre otras. También se propone un Fondo Verde para adaptación, mitigación, investigación y difusión alimentado con fondos gubernamentales, contribuciones y sanciones por emisiones, aportaciones y donaciones deducibles, aportaciones internacionales, ventas de reducción o permisos de emisión, y sanciones administrativas.

Chiapas se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. Con varios argumentos: que el 62% de las emisiones en Chiapas proviene de cambio de uso de suelo; que REDD traerá progreso y combate a la pobreza, y que promete un negocio rentable.

Para el gobierno de Chiapas “REDD+ ha demostrado ser una estrategia de mitigación rentable, con varios co-beneficios como “la reducción de la pobreza a través de pagos de monitoreo biológico y social, e indirectamente brindando estímulos para el ecoturismo, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad.” Así, desde el 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción. En esta construcción participan los gobiernos federal y estatal: la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVIHN); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); el Instituto Nacional de Ecología (INE); y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además las ONGs conservacionistas empresariales como Pronatura y AMBIO; y con instituciones académicos como Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Tecnológico Regional del Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para lograr sus propósitos, el PACCCH puso las bases legales y políticas con una propuesta de una Ley general de Cambio Climático para el Estado; la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para las dependencias gubernamentales con el fin de elaborar las estrategias de mitigación y adaptación; y un Consejo Estatal de Cambio Climático. En lo financiero propuso la creación del Fondo Ambiental del Estado de Chiapas. También el PACCCH aceleró su marcha para definir tres productos fundamentales como son el inventario de GEI; los escenarios climáticos futuros; y la línea base de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+) con cálculos de la cantidad de carbono contenido en la biomasa viva y en el suelo del Estado para el periodo de 1990 a 2008 y proyecciones hasta 2020, usando tier 2 y 3 de la metodología de la IPCC.

Por otro lado, el gobierno creó el grupo de REDD+ y un grupo Estatal de Servicios Ecosistémicos (GESE) con la idea de mitigar los GEI por medio de la identificación de lugares prioritarios para el pago de “servicios ecosistémicos” (captura de carbono, conservación de biodiversidad, servicios hidrológicos y sistemas agroforestales). El grupo identificó los sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, capacitó a personas en la medición y monitoreo de carbono y ejecutó proyectos piloto a nivel comunitario en la Reserva la Biosfera El Ocote. El componente final de PACCCH es la construcción de una línea base de REDD+ para reducir las emisiones de los bosques y selvas por medio de la conservación, reforestación y restauración de los mismos. Con ello, los proveedores de este servicio ambiental (las comunidades y/o gobiernos que conservan o reforestan sus bosques, por lo pronto) recibirían beneficios financieros de gobiernos y/o empresas extranjeras que compran los bonos de carbonos. El objetivo es captar los recursos que los países emisores de GEI han destinado para compensar su contaminación global. Por ejemplo, China ha destinado 1 billón de dólares de inversiones en su mercado de carbono (captura de metano y gases industriales, la conversión de desechos a energía). Sin embargo, lo que no dicen es el fracaso de los proyectos de pagos por servicios ambientales que ya se han implementado ni tampoco los montos raquíticos que reciben las comunidades indígenas y campesinas por compensar y paliar a los países en desarrollo la crisis ambiental que han generado

Tampoco se hace referencia a que las inversiones en el mercado de carbono tienen muchas deficiencias e incertidumbres políticas y administrativas. No hay certidumbre ni transparencia en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) cuyos proyectos aprobados muchos ya estaban planeados o en proceso de construcción; que falsedades en las emisiones reportadas y que están obligadas a reducirse; que el precio de la tonelada de CO2 no es rentable; que no están fortalecidas las obligaciones vinculantes en los países emisores; que no hay garantías jurídicas, administrativas o institucionales en los países sumideros para implementar el mecanismo de REDD. Faltan mecanismos confiables de medición y, sobre todo, para el sector privado que busca cómo obtener más ganancias de la crisis climática, reclaman burocratismos y rechazan todos aquellos instrumentos o medidas que no les faciliten la rápida y fácil ganancia. *2

Fuentes de información: *1 Otros Mundos (información y descarga del vídeo y la tapa),*2 Extracto del articulo ENREDDAR A CHIAPAS, de Gustavo Castro Soto. 
Otra información complementaria: Nuevas formas de despojo territorial: RED, REDD y Represas (El Caso de Onduras).

viernes, 4 de noviembre de 2011

Buscan mineras británicas y canadienses explotar plata, plomo, zinc y hierro de tierras indígenas de Guerrero.


Advierten indígenas de la CRAC sobre los daños ambientales que causa la explotación de minas


Jesús Rodríguez Montes

San Luis Acatlán

Primera parte

En los primeros días de noviembre tres hombres que se identificaron como trabajadores de la empresa minera Hochschild México, de capital británico, llegaron a las oficinas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la cabecera de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero.
Solicitaron entrevistarse con los coordinadores de la agrupación indígena, que es el órgano de dirección de la Policía Comunitaria. El propósito: notificarles que durante esos días, un helicóptero Eurocopter matrícula XA-SCR (certificado de aeronavegabilidad 10AIM100) al servicio de la empresa, estaría realizando sobrevuelos por los cerros de la zona a no más de 35 metros de altura.
Casi a ras del suelo, sobre un territorio boscoso, como es en esta zona de pueblos indígenas donde la agreste Montaña se une a la Costa Chica de Guerrero, la aeronave desplegaría su vuelo.
Los visitantes –dos mexicanos y uno de aspecto anglosajón, el piloto– en menos de 10 minutos dieron esta información a los coordinadores de la CRAC; les entregaron una copia fotostática de un documento donde comprueban que Hochschild, desde el 21 de octubre de 2010, tiene ya el permiso de las autoriodades mexicanas para estas operaciones, anuencia que obtuvieron de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y luego se marcharon para seguir con su trabajo.
Los sobrevuelos de la aeronave, como era de esperarse, ocurrieron en las horas siguientes. Desde la sede de la Casa de Justicia que la CRAC instauró en Espino Blanco, localidad me’phaa de Malinaltepec, a orilla de la arruinada carretera federal Tlapa-Marquelia, los agentes de la Policía Comunitaria y cientos de lugareños observaron cómo el helicóptero maniobraba por los aires, rozando las copas de los árboles en las laderas.
El ruido ensordecedor provocado por las potentes hélices alertó a los lugareños. Varios se refugiaron en sus moradas, otros, tomaron fotografías de ese acontecimiento del que no tenían información alguna, dado que Hochschild anticipó de sus operaciones apenas unas cuantas horas antes.
“Efectivamente, no tenemos toda la información, solamente porque el día 5 de noviembre se presentaron unas personas diciendo que iban a realizar una serie de exploraciones, de estudios, que se iba a utilizar un helicóptero, pero fue todo lo que dijeron. Dejaron identificación de cada uno de ellos, pero fue muy escasa la información, no dijeron ni explicaron de qué minerales se trata, hablaron de una minera pero no sabemos si van a explotar oro, plata, zinc, uranio, estaño, yo no sé, eso no lo mencionaron”, dice Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC que atendió ese día a los enviados de la minera británica.
Los rasantes sobrevuelos del helicóptero a principios de noviembre constituyeron en realidad la primera acción de información para los pueblos de La Montaña y Costa Chica en torno a un ambicioso proyecto de extracción de minerales que, si los propósitos del gobierno y las empresas prosiguen respecto a lo planeado, se instaurará en 2011 en ambas regiones en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Iliatenco y Tlacoapa.

Corazón de Tinieblas, Mina San Javier y La Diana

Son tres los principales proyectos mineros que en 2011 planean comenzar con trabajos más a fondo en los pueblos indígenas: el de Hochschild Mining, denominado Corazón de Tinieblas, que incluye a San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa; y dos más que emprenderá Camsim Minas S.A. de C.V., denominados Proyecto San Javier y La Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec.
A diferencia de lo que ocurre con las comunidades, en los gobiernos federal y estatal se tiene información de estos proyectos desde hace años, como se comprueba en documentos oficiales de la Secretaría de Economía (SE). Ahí también se precisa que en el caso de los tres proyectos, las concesiones tienen una vigencia de 50 y 46 años, respectivamente.
Guerrero, “desde tiempos de la Conquista ha sido importante en su producción de minerales metálicos y fue en Taxco donde se abrió la primera mina”, dice el documento Panorama Minero del Estado de Guerrero, emitido por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Coordinación General de Minería (CGM), ambas dependientes de la SE federal.
Establece que durante la última década “se ha incrementado sustancialmente la exploración de minas” en la entidad y que resulta “evidente que el potencial geológico-minero sigue siendo muy amplio y favorable, considerando que el territorio guerrerense no ha sido suficientemente explorado y cuenta con grandes posibilidades para la localización de nuevos yacimientos de interés económico, en zonas geológicamente prospectivas con evidencias de mineralización, que justifican trabajos exploratorios de mayor detalle, y que representan un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera”.
Bajo esa perspectiva, no resulta extraño que desde el gobierno se haya dado anuencia a 550 concesiones de explotación y exploración a empresas mineras tan sólo de 2000 a 2009, es decir, en menos de una década, de acuerdo a la Dirección General de Minas y la Dirección de Cartografía y Conceciones Mineras, de la SE federal, que especifican en una lista los Títulos de Concesión Minera Expedidos durante ese período. Las concesiones implican 1 millón 583 mil 928 hectáreas donde se desarrollarán los proyectos.
Para 2011, los proyectos más ambiciosos de extracción de minerales tienen la mira puesta en pueblos indígenas de La Montaña y Costa Chica, que serán emprendidos por empresas de capital británico y, en apariencia, también de capital canadiense.
En el Proyecto Mina San Javier y La Diana los trabajos ya superaron la etapa de exploración y ahora Camsim está articulando los permisos correspondientes con los núcleos agrarios implicados. La propia minera ha difundido a través de internet (http://www.youtube.com/watch?v=aIngr52l1xs&feature=related y http://www.youtube.com/watch?v=pnqQ3zoOnMU&feature=related) un par de videos donde se aprecia a especialistas –evidentemente extranjeros, se dice en la zona que eran canadienses– realizando recorridos por las montañas, acompañados de lugareños. Los videos muestran paisajes boscosos donde los especialistas, con mazos y zapapicos, golpean rocas de la superficie para desprender pequeños trozos que son la muestra de la riqueza mineral que abunda en el territorio.
Derek Sutherland, presidente de Camsim –cuyo domicilio legal se establece en Acapulco- en uno de los videos explica en qué consisten los proyectos que desarrollarán para la extracción de plata y oro, principalmente, en un perímetro de 15 mil hectáreas de “extraordinario” potencial. Se hace referencia a que en este lugar la plata resulta de fácil extracción y 30 vetas de este mineral han sido identificadas en la superficie. Además, se ha detectado que hay otros metales como plomo, zinc y hierro.
Para el proyecto Mina San Javier, Camsim considera –según consigna en su página web– que tiene ventajas en cuanto a infraestructura, como el hecho de que se instaurará en un lugar donde anteriomente ya había operado una mina, muy cerca del poblado me´phaa Xochiatenco. Ahí hay infraestructura carretera, eléctrica e hídrica.
Puntualiza los avances y ventajas con las que cuenta: “En el Proyecto San Javier hoy en día hay un molino, trituradora, el circuito de flotación y de laboratorio. Hay dos pequeños ríos corriendo muy cerca del sitio del molino, que proporciona el suministro de agua suficiente, sin embargo, son lo suficientemente lejos para no molestar a las operaciones mineras. Excelente infraestructura de transporte ya está en marcha, los caminos forestales proporcionan un acceso seguro desde y hacia la propiedad”.

Surge un movimiento anti mineras en La Montaña; las han rechazado en asambleas


Jesús Rodríguez Montes

Malinaltepec


Segunda parte

En los primeros días de noviembre de 2010, en la comunidad me’phaa de Paraje Montero, Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea donde los indígenas de este núcleo agrario dieron su anuencia a la empresa minera Camsim. En otros núcleos agrarios, de mayor tamaño, la empresa no ha encontrado las mismas facilidades, por el contrario, se ha enfrentado a un grupo de campesinos organizados que, aseguran, realizarán las acciones que les sean posibles para evitar la explotación de sus territorios por los daños que provocarían en el entorno.
Es el caso en Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa; en Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua, de Malinaltepec; y en los bienes comunales de Iliatenco, donde en asamblea realizada el 6 de noviembre los comuneros en definitiva se negaron a convenir con la empresa, a pesar de que les ofreció dinero.
Melitón Santillán Cantú es un sacerdote de 47 años oriundo de Iliatenco. Actualmente es párroco de Malinaltepec. Desde hace varios años participa activamente en la organización de la gente para la protección de los recursos naturales y ahora se ha enrolado en el movimiento anti mineras que comienza a desplegarse en los pueblos, pues está convencido de que las empresas “no están aquí como para responder a la gente pobre y en mi parte de sacerdote, representante de Jesucristo que es un profeta, que no sólo anuncia las buenas noticias, sino también las malas, no puedo quedarme callado frente a una injusticia que se va a cometer contra el pueblo pobre”.
En una entrevista realizada en las faldas del cerro de la localidad El Tepeyac, Malinaltepec –un entorno colmado de pinos y encinos, el frío se torna intenso apenas cayendo el atardecer– Santillán cuenta que, en calidad de comunero, acudió a la asamblea de los bienes comunales de su pueblo, donde más de mil comuneros, en presencia de enviados de la empresa y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), votaron a mano alzada en contra de la explotación de la mina. Uno de los primeros reveses para la minera.
En esa asamblea, asegura Santillán, los enviados de la empresa, de apellido Larequi, les confirmaron que días antes en Paraje Montero ya habían aceptado el proyecto y que a cambio, les dieron una serie de compensaciones, incluyendo un millón de pesos “sólo por la exploración”.
En Iliatenco, “la Secretaría de la Reforma Agraria estuvo como queriendo animar a la gente con proyectos productivos que supuestamente mandó la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) federal; pero la gente dijo que no”, cuenta.
Más allá de la posición asumida por las autoridades que alientan la instauración de las mineras ante los campesinos, algo “normal” entre los funcionarios estatales y federales, a Santillán también le resulta “lógica” la posición que han asumido los empresarios, que mienten en las asambleas comunales y ejidales.
Por ejemplo –sostiene el sacerdote– en Iliatenco los empresarios revelaron que en Paraje Montero dieron un millón de pesos para conseguir la anuencia, pero después, en una reunión con campesinos de este núcleo, negaron su dicho.
Esa situación le ha originado un conflicto a Santillán, pues en Paraje Montero los representantes de los Bienes Comunales le han pedido que vaya a comparecer para aclarar lo del dinero y lo tildan de “mentiroso”, pero él sostiene que se trata de una acción de la empresa y de comuneros aliados con el objeto de desarticular el movimiento de otros campesinos de la zona que ya se están organizando para impedir los proyectos.
Dice que por participar en la organización de las comunidades, ha sido objeto de amenazas en años anteriores. Actualmente, revela que su oposición a las mineras también le ha valido nuevas acciones de amedrentamiento.
“No creo que una minera quiera el bien, no sé si mi ignorancia me hace decir estas cosas, pero a las mineras se les hace fácil desaparecer e intimidar a las personas. Eso es lo que ha pasado en Oaxaca, donde un sacerdote por oponerse está exiliado”, afirma.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista con más de 15 años de experiencia en procesos de desarrollo comunitario en La Montaña y ex integrante del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos (PAIR), un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista explica que el procedimiento a seguir para obtener una concesión minera resulta “tan sencillo” como presentarse ante la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, llenar un formato burocrático para la solicitud dirigida a la Dirección General de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, y pagar cierta cantidad de dinero.
La primera etapa es obtener la concesión de exploración, precisa Mijangos. Una vez ubicada el área y los minerales que extraerán, el siguiente paso es cumplir con los criterios de protección al medio ambiente que determina el gobierno mexicano y después, obtener la anuencia de las comunidades para realizar la explotación, es decir, las actas de asambleas agrarias donde se compruebe que, ya sea ante el Ejido o los Bienes Comunales, se sometió a consulta de sus integrantes la petición y que éstos la aprobaron. Luego, las autoridades agrarias del gobierno validan el convenio entre campesinos y empresas.
Es en estos dos últimos procesos donde las cosas suelen manipularse por parte de las empresas, asevera Mijangos. Primero, porque en la mayoría de las concesiones de explotación, con anuencia de las instancias del gobierno, se ignoran las disposiciones vigentes en las de leyes de protección al ambiente.
Después, en la etapa de anuencia de los campesinos, las asambleas suelen ser “amañadas”, controladas por unos cuantos líderes que a espaldas de la comunidad negocian con los empresarios. Lo más grave de todo, dice el activista, es que las autoridades del gobierno se prestan a que las cosas se manejen de esa manera, incluso participan en las asambleas tratando de convencer a los campesinos de las bondades del proyecto, sin mencionar una sola palabra de las afectaciones al entorno.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto a los proyectos Mina San Javier y La Diana que Camsim piensa desarrollar en Malinaltepec e Iliatenco en los lotes San Gabriel y Diana con una superficie de 253 y 14 mil 722 hectáreas respectivamente que los concesionarios son Miguel Joaquín Larequi Radilla y Socios, en San Gabriel, y Diana Rebeca Castillo García, en Diana. Los permisos tienen vigencias de 2005 a 2011, en San Gabriel, y de 2009 a 2059, en Diana.

Tinieblas en La Montaña

En víspera de las fiestas de Año Nuevo, en la cabecera de Zapotitlán Tablas, un municipio me´phaa donde gobierna el PRI, las horas transcurrían con las actividades cotidianas en estas fechas: música por doquier, algunos ebrios en las calles y el Palacio Municipal cerrado por vacaciones.
Charlando con lugareños, el reportero confirma que aquí no se sabe nada de que en 2011 se instaurará el ambicioso proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, un nombre que bien equivale al misterio que hay en torno a él, cuando menos entre los habitantes y las autoridades municipales.
Para llegar a la cabecera de Zapotitlán Tablas, municipio que en la región adquirió fama por el encono violento que hay entre las organizaciones Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y Antorcha Campesina, hay que atravesar una carretera que a pocos meses de haber sido oficialmente rehabilitada con recursos federales y estatales, ya está en mal estado.
Para llegar a las comunidades los indígenas tienen que atravesar caminos de tierra, algunos sinuosos al extremo. Precisamente en esas comunidades es donde se planea instaurar el proyecto minero, en un área de 43 mil 700 hectáreas, aunque los habitantes aún no lo saben.
Un chofer de transporte público, oriundo de la cabecera, dice al reportero que, a diferencia de lo que ha ocurrido en San Luis Acatlán y Malinaltepec, por Zapotitlán no se han observado sobrevuelos de helicópteros.
La regidora de Seguridad Pública, Aracely Sánchez Espinobarros, se muestra sorprendida ante las preguntas del reportero, sobre todo cuando le dice que precisamente este municipio se considera para el proyecto el perímetro de mayor tamaño.
–¿Qué se saben en el Cabildo sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas?
–Nada señor, al menos ante el
Cabildo no ha llegado información de nada de eso, supongo que si se va a hacer, cuando menos al Cabildo tiene que llegar la información.
En la página oficial del gobierno de Guerrero, en la reseña del municipio, se dice que en Zapotitlán existen veneros de antimonio, cuarzo y cobre. Sin embargo, un joven cuenta que en el cerro Altiapa, ubicado frente a la cabecera, algunas personas afirman que “han encontrado oro”, o cuando menos suponen que de ese mineral se tratan las impregnaciones brillantes que observan en las piedras. “Aquí cerca hay un pueblo que se llama Barranca Oro, ya es en Acatepec (municipio vecino), ahí sí dicen que hay oro, eso dice la gente”.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto al proyecto Corazón de Tinieblas, que la concesión legal está a nombre de la Minera Zalamera S.A. de C.V., que opera otros proyectos en pueblos indígenas de Chiapas y Oaxaca y que es aliada de la británica Hochschild Mining.
Este proyecto contempla los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán. Territorialmente, el proyecto está dividido en tres partes: Corazón de Tinieblas, en su mayor parte en Zapotitlán, concesionado desde 2005 hasta 2011 para exploración, en un área de 43 mil 700 hectáreas; Corazón de Tinieblas Reducción Sur y Reducción Norte, con una extensión de 2 mil 800 y 3 mil 300 hectáreas respectivamente, concesionadas para reducción de 2009 a 2059.

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Advierten indígenas de la CRAC sobre los daños ambientales que causa la explotación de minas


Jesús Rodríguez Montes


Los proyectos mineros en La Montaña han comenzado a generar una amplia expectación, sobre todo en quienes no están de acuerdo con ellos. En respuesta al silencio de las autoridades, que a cuentagotas han soltado información sobre el tema, varios indígenas, por sus propios medios, se han dado a la tarea de investigar y se han encontrado con experiencias de otros estados donde las mineras, lejos de contribuir al desarrollo de sus comunidades, han sido el principal motor para provocar división entre comuneros y un irreversible daño al medio ambiente, sobre todo cuando el método de extracción de minerales que se aplica es a cielo abierto.
La CRAC y otras organizaciones locales han comenzando a articular una campaña de información en los pueblos, mediante la conformación de brigadas de información anti mineras. Se distribuyen volantes donde aparece la fotografía del helicóptero realizando sobrevuelos y, en letras grandes, resalta la pregunta: “¿Tú sabes qué anda haciendo éste?”. Y el texto añade: “¿Estás de acuerdo con que nos sigan invadiendo, queriendo llevar nuestras riquezas, dejándonos en la ruina? ¿Estás de acuerdo que vengan a contaminarnos, a acabar con nosotros? ¡Hay que ponerles un alto porque las consecuencias son graves!”.
Mientras que en la estación de radio comunitaria La Voz de los Pueblos, órgano de difusión de la Policía Comunitaria, se transmiten spots en el mismo sentido e informan de los daños al entorno y a los seres humanos que provoca el cianuro, sustancia empleada en el proceso de extracción de minerales.
“Lo que se ha hecho es investigar un poco lo que ha ocurrido en otros lugares y lamentablemente la información que nos ha llegado en videos y diversos documentos, es que donde se explotan los minerales, sobre todo a cielo abierto, se produce un serio impacto ambiental, se desgarran cerros, se acaba con la flora y la fauna del lugar, pero no sólo eso, sino que se ha envenenado el cauce de los arroyos y los ríos por el procedimiento que utilizan, que se valen de sustancias tóxicas para el ser humano”, dice Máximo Tranquilino Santiago, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán.
Po su parte, el alcalde de este municipio, Vicario Portillo Martínez, en entrevista telefónica confirma que en el Ayuntamiento tampoco han recibido información oficial sobre las mineras.
Ante un proyecto de tal magnitud, dice Pablo Guzmán, también coordinador de la CRAC, el gobierno debiera considerar el derecho que tienen los pueblos a la libre consulta, como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y afirma que las empresas “han sorprendido a algunos compañeros para firmar convenios que al final se traducen en un gran problema, que al final derivan en un gran daño social. Al final lo que quieren ellos es lograr su propósito no importándoles cómo quede la región y la zona, eso es saqueo y sería un robo”.
Por ello, anuncia que desde los primeros días de 2011, en la región se desplegarán brigadas de información, actividades previas a una magna concentración de comunidades de La Montaña que se realizará el 5 de febrero, en la localidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, para tratar el caso de las mineras.

No se cumplen las leyes de
protección al ambiente


Las cordilleras de la Sierra Madre del Sur que atraviesan por esta región son ricas y vastas en cuanto a recursos naturales. Desde La Montaña surgen las cabezas de cuenca que abastecen de agua a ríos tan importantes como El Papagayo, el más caudaloso de Guerrero que desemboca en Acapulco.
Según estudios realizados por investigadores del proyecto Manejo Integral de Ecosistemas (MIE), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que operó durante ocho años en La Montaña, la zona cuenta con una riqueza de recursos naturales en una superficie de 692 mil hectáreas, de las cuales 281 mil 332 tienen una cubierta boscosa natural que representan dos ecorregiones globalmente importantes: Las selvas secas (selvas bajas caducifolias) del pacífico y los bosques de pino-encino de la Sierra Madre del Sur.
Tiene la región un registro en flora de 298 especies, de las cuales tres están catalogadas en protección especial, cinco amenazadas y tres en peligro de extinción. La riqueza de fauna es de 371 especies, de las cuales 28 están catalogadas en protección especial, 21 amenazadas y tres en peligro de extinción.
A juzgar por los hechos, dice el estudioso y activista por los derechos ambientales en la región, Miguel Ángel Mijangos Leal, para el gobierno explotar la riqueza mineral es más importante que proteger el entorno de La Montaña, por eso es que ante los proyectos mineros han optado por “pasarse por el arco del triunfo” leyes de protección al medio ambiente, como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley de Fauna Silvestre.
De entrada, precisa que un proyecto minero de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental donde se asegure que no habrá afectaciones mayores al entorno. A nadie se le ha informado si las empresas cumplieron con ese criterio ante las dependencias correspondientes.
En el territorio hay también bosques mesófilos o de niebla, un ecosistema que en muy pocas regiones de México y de América es posible encontrar y que de acuerdo a las leyes mexicanas, adquieren una protección especial por sus características. “Ahí ni siquiera debe de permitirse ni el aprovechamiento forestal y mucho menos las mineras”, critica.
Pero además, hay experiencias en Guerrero, como en la mina instaurada en El Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, donde las empresas arrasaron con vestigios arqueológicos sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hiciera algo para controlarlo. Advierte que ese mismo riesgo sin duda alguna se corre también en La Montaña.
Ojo de Agua es una localidad me’phaa de Malinaltepec donde los lugareños ya han acordado impedir que su territorio sea parte del proyecto minero. Desde 2009 se han organizado para proteger sus bosques no sólo contra las mineras, sino también contra la explotación de madera que realizaba la empresa local Temilitzin, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cual supuestamente fue creada para operar como una empresa al servicio de los Bienes Comunales de Malinaltepec, aunque en los hechos, los únicos beneficiados han sido comuneros de un grupo que controla políticamente al núcleo agrario.
El 24 de noviembre de 2009, más de 70 habitantes presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular contra la maderera, al considerar que incurre en graves faltas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y solicitan que se suspenda el convenio de explotación forestal que autorizó la Semarnat. Actualmente, se mantiene suspendida de manera temporal la explotación del bosque de su comunidad, aunque aún no hay una resolución definitiva. 

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