FUNCIONES DE LA GUERRA

 


 Además de la función visible y obvia, la guerra tiene implícitas  otras funciones no-militares, críticas para la transición hacia una condición de paz permanente.
Estas funciones se mueven en diferentes terrenos.
FUNCIONES ECONOMICAS:

“La guerra ha brindado, tanto a las sociedades antiguas como a las modernas, un sistema confiable para estabilizar y controlar las economías nacionales”.
“La producción bélica es progresista debido a que construye una producción que, de otra manera, no se hubiera realizado”. David T. Bazelon, “The Scarcity Makers”
“La producción bélica tiene un efecto sólidamente estimulante más allá de sí misma. Lejos de constituir un drenaje “desperdicial” sobre la economía, el gasto de guerra, si es  considerado pragmáticamente, constituye un factor de efectos consistentemente positivos sobre el aumento del producto bruto nacional y sobre la productividad individual”.
“La guerra es y ha sido el estabilizador económico esencial de las sociedades modernas”.
FUNCIONES POLITICAS:

En este terreno, la función de la guerra -según afirma el Informe- es esencialmente organizacional. “Esto lo realiza esencialmente brindando una amenazante necesidad externa para que una sociedad acepte ser gobernada políticamente. Al hacerlo establece la autoridad del gobierno para controlar a sus ciudadanos”.
“La autoridad básica del estado moderno sobre su población reside en sus poderes de guerra”.
“Existen, en verdad, buenas razones para creer que los códigos de ley tuvieron su origen en las reglas de conducta establecidas por los militares victoriosos hacia sus enemigos derrotados, que luego se vieron adaptadas para aplicarse sobre todas las poblaciones sujetas”. L.Gumplowicz, “Historia sobre las Teorías del Estado”.
FUNCIONES SOCIOLÓGICAS:

De entre las funciones de la guerra en este campo, “la más obvia es el uso tradicional de las instituciones militares para brindar a los elementos antisociales un rol aceptable dentro de la estructura social”.
La guerra como “controlador indispensable de las peligrosas disidencias sociales y las tendencias antisociales destructivas.
“Los elementos más jóvenes y peligrosos de estos grupos sociales hostiles se han mantenido bajo control por el Sistema de Servicio Selectivo (Selective Service System – la conscripción)”.
“Las fuerzas armadas en cada civilización han brindado el principal refugio apoyado por el estado para lo que hoy denominamos personas “no empleables”. El típico ejército permanente europeo (de hace cincuenta años -según el Informe) consistía en “…tropas no aptas para el empleo en el comercio, industria, o agricultura lideradas por oficiales no aptos para ninguna profesión legitima o para conducir un negocio o empresa”.
Según asegura el Informe Iron Mountain, este sistema de conscripción, podría ser utilizado como medio para “mejorar el nivel cultural de los sectores pobres”.

Por otro lado, se afirma que “el sistema de guerra brinda la motivación básica para la organización social primaria. Al hacerlo, refleja a nivel social, los incentivos que hacen al comportamiento humano individual. El más importante de éstos, a  efectos sociales, lo conforma la necesidad psicológica individual de lealtad hacia una sociedad y sus valores. La lealtad requiere  una causa; una causa requiere  un enemigo. El enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante “enemigo” debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes”.
“Lo que le otorga al sistema de guerra su rol pertinente en la organización social, como en otros campos, es su autoridad sin igual sobre la vida y la muerte”.
FUNCIONES ECOLOGICAS:

“La guerra ha sido el principal mecanismo evolutivo para mantener un equilibrio ecológico satisfactorio entre la población humana bruta y los recursos disponibles para su supervivencia”.
“Para conjurar a los inevitables ciclos históricos de insuficientes recursos en materia de alimentos, el hombre pos-neolítico destruye a los miembros excedentes de su propia especie a través de la guerra organizada”.
Sin embargo, “la guerra ha ayudado a asegurar la supervivencia de la especie humana, pero como mecanismo evolutivo para mejorarla, la guerra ha resultado casi increíblemente ineficiente”.
“Muchas enfermedades que antes eran fatales a edades procreadoras ahora pueden ser curadas; el efecto de este hecho es que permite perpetuar susceptibilidades y mutaciones no-deseadas. Queda claro que una nueva, cuasi-eugénica función de la guerra se encuentra en proceso de formación y deberá tenerse en cuenta en cualquier plan de transición”.
FUNCIONES CULTURALES Y CIENTIFICAS:

El Informe habla de la constante en el arte y la cultura de  alusiones bélicas. Desde las danzas de guerra, a la literatura (Shakespeare), pasando por la pintura (Goya), o la música (Beethoven),…
Y asegura: “Los standards estéticos y morales tienen un origen antropológico  común, en la exaltación de la valentía, y en la predisposición para matar y arriesgar la muerte en la guerra tribal”.
Respecto a la ciencia, “no existe ningún adelanto científico de importancia que no se haya visto instigado, aunque sólo sea indirectamente, por los requerimientos de los armamentos”.
OTRAS FUNCIONES:

Menciona entre éstas (¡atentos!):
La guerra como un factor de liberación social general: “Esta es una función psicológica que sirve las mismas funciones para la sociedad que las vacaciones, la celebración, y la orgía para el individuo – la liberación y redistribución de tensiones indiferenciadas. La guerra brinda el necesario periódico reajuste de los standards de comportamiento social (el “clima moral”) y permite disipar el aburrimiento general”.
La guerra como estabilizador generacional: “Permite a las generaciones más viejas que se van deteriorando físicamente mantener un cuota de control sobre la generación más joven, destruyéndola si es preciso”.
Como clarificador ideológico: “No puede haber más de dos lados en una guerra”.
Base de entendimiento internacional: “Para enriquecimiento de una cultura nacional con los logros de otra”.

SUSTITUTOS DE LA GUERRA

Si el sistema de la guerra como tal desapareciese, se deberían crear instituciones sustitutas capaces de satisfacer las necesidades sociales de las funciones  no-militares resueltas por aquella -afirma.
Sin perder de vista que  “un sustituto viable para la guerra ha de brindar una amenaza de vida o muerte verosímil, o no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra”.
Es decir, la amenaza ha de ser de “una magnitud y terror sin precedentes”, como hemos visto antes.

Los potenciales sustitutos de la guerra se van analizando en el Iron Mountain siguiendo los mismos terrenos  que en el análisis de  las funciones de ésta. Los mencionaré según hace el Informe, pero entraré a detallar sólo algunos de dichos sustitutos para no alargar en exceso el artículo.
Si alguien tiene interés en ampliar la información, puede acceder directamente al texto traducido al español pinchando aquí:   Informe Iron Mountain: sobre la Posibilidad y Conveniencia de la Paz  .
SUSTITUTOS ECONOMICOS

1.- Un programa integral de acción social, dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de la vida humana.
2.- Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta orientado hacia objetivos no realizables. Esto permitiría la inversión de fondos sin límite y sin justificación. Aunque adolece del carácter de amenaza inminente que se considera esencial.
3.- Un sistema de inspección de desarme permanente, ritualizado y ultra-elaborado y variantes de semejante sistema. La organización de mecanismos de inspección podría ser ritualizada de una forma similar a lo que ocurre con los procesos militares establecidos. No habría dificultad en inflar el presupuesto para tales inspecciones hasta una escala militar.
SUSTITUTOS POLITICOS

1.- Una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Podría argüirse que una fuerza policial internacional bien armada que opere bajo la autoridad de semejante “corte” supranacional podría cumplir la función de un enemigo externo. Esto, sin embargo, constituiría una operación militar como los esquemas de inspección ya mencionados y como ellos, seria inconsistente con la premisa de un fin al sistema de guerra.

2.- Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Semejante amenaza ofrecería la “ultima y mejor esperanza para la paz” etc., al unir a la humanidad en contra del peligro de destrucción por “criaturas” de otros planetas o provenientes del espacio exterior.  Y vendría a completar la carencia que presenta el programa de investigación espacial. Se han propuesto experimentos para probar la credibilidad de una amenaza consistente en una invasión desde fuera de este mundo; es plausible que algunos de los incidentes de “platos voladores” más difíciles de explicar en los últimos años hayan sido algunos primeros experimentos de esta clase.  (¿Alguien recuerda la “Guerra de los Mundos” de Orson Welles ?)

3.- Una contaminación ambiental masiva y global. Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuerte contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal y más evidente para la supervivencia de nuestra especie. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema; constituye una amenaza que sólo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político. Pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución.

Es verdad que la tasa de contaminación podría incrementarse en forma selectiva para este propósito. Aunque parece altamente improbable que un programa gubernamental de efectos deliberadamente nocivos para el medio ambiente pudiera ser implementado de manera políticamente aceptable.  (¿chemtrails?)
4.- Enemigos ficticios alternativos.
SUSTITUTOS SOCIOLOGICOS



Función de control.
1.- Programas generalmente derivados del modelo del Peace Corps  (Agencia federal independiente de EEUU. Fundadda en 1961 por la Orden  Ejecutiva 10924, con el fin de  promover la paz mundial. Lo curioso es que los directores  de estos cuerpos “independientes” fueron nombrados sucesivamente por: Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, G.H.W. Bush, Clinton, G.W. Bush).
2.- Una forma moderna y sofisticada de la esclavitud. “Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción, de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos, de la esclavitud. Hasta ahora, esto ha sido sugerido solamente en obras de ficción, particularmente en los trabajos de Wells, Huxley, Orwell y otros involucrados en la anticipación imaginativa de la sociología del futuro. Pero las fantasías proyectadas en Un Mundo Feliz y el 1984 han parecido cada vez menos inimaginables en los años que corrieron desde sus respectivas publicaciones”.
“Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz”.  (¿microchips?)
“La esclavitud en una forma conceptualmente eufemizada y tecnológicamente moderna podría representar una institución eficiente y flexible en este área”.

- La Inquisición. Goya -

Función motivacional.
1.- Contaminación ambiental intensificada.
2.- Nuevas religiones u otras mitologías.
3.- Juegos de sangre socialmente orientados. “De la misma manera en que lo hizo la Inquisición Española y los menos formales juicios de brujas de otros tiempos, con el propósito de lograr la “purificación social”, la “seguridad del estado” u otros objetivos que sean tanto aceptables como creíbles para las sociedades de la posguerra”.
“Existen amplios precedentes en el tratamiento que se le ha dado a los grupos étnicos desfavorecidos, supuestamente amenazantes, en ciertas sociedades durante determinados periodos históricos”.

Según la nota a este párrafo: “Como en la Alemania nazi; este tipo de represión étnica “ideológica” dirigida hacia metas sociales específicas, no debería confundirse con la explotación económica tradicional como la llevada a cabo contra los negros en los EE.UU, Sudáfrica, etc.”
“Vale la pena considerar cuidadosamente una institución que combine la función  motivacional con la de control, basada sobre el antecedente de la represión étnica organizada”
4.- Una combinación de estas formas.
SUSTITUTOS ECOLOGICOS

Un programa integral de eugenesia aplicada. “La limitación de la guerra en esta función es enteramente eugénica. La guerra no ha sido genéticamente progresista”. Aunque se está produciendo una mejora cualitativa realmente importante.
“El control total de la concepción con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva, a través de las fuentes de provisión de agua o de ciertos alimentos, luego contrarestado por medio de algún “antídoto” controlado – ya se encuentra bajo desarrollo.”
En la nota a este último párrafo se dice:  “Por equipos experimentales de biólogos  en Massachusetts, Michigan y California, como así también en Méjico, y la Unión Soviética. Aplicaciones experimentales preliminares estan previstas para llevarse a cabo en el sudeste asiático, en países aun no anunciados”.
(¿Informe Rockefeller sobre población?  ¿Informe Kissinger? ¿Informe Global 2000? )
SUSTITUTOS CULTURALES

No se propone ninguna institución sustitutiva.
SUSTITUTOS CIENTÍFICOS

Los requerimientos secundarios de programas de la investigación espacial, la asistencia social y/o la eugénica.

CONCLUSIONES

Una vez analizados y evaluados los potenciales sustitutos de la guerra, se  llega a las conclusiones.
“Resulta evidente de lo antedicho que ningún programa o combinación de programas propuesto para la transición hacia la paz se ha acercado, ni siquiera remotamente, a los requerimientos funcionales de un mundo sin guerra.

Aunque un sistema proyectado para cumplir con las funciones económicas de la guerra parezca prometedor, no se puede expresar un optimismo similar en las áreas esenciales de la política y la sociología”.
“Cuando se nos pregunta cual sería la mejor manera de prepararnos para el advenimiento de la paz, debemos primero responder tan enfáticamente como sea posible, que no se puede responsablemente permitir que el sistema de guerra desaparezca hasta tanto:
(1) Sepamos exactamente qué es lo que planeamos colocar en su lugar y.
(2) Estemos seguros, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones sustitutivas servirán sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad”.
“Algunos observadores consideran que el precio de la paz es simplemente demasiado elevado”.

“El sistema de guerra, a pesar de toda su repugnancia subjetiva para importantes sectores de la “opinión publica”, ha demostrado su efectividad desde el comienzo de la historia escrita; ha brindado las bases para el desarrollo de muchas civilizaciones durables e impresionantes, incluyendo aquella que hoy es dominante”.
“Un sistema viable de paz, presuponiendo que las grandes y complejas cuestiones de las instituciones sustitutivas planteadas en este informe resulten tener solución y que la misma sea hallada, aun así seguiría constituyendo un viaje hacia lo desconocido con el riesgo inevitable que se refiere a lo desconocido, independientemente de hasta qué punto esos factores desconocidos resulten controlables”.

“Cualquier condición de paz total genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante hasta tanto se demuestre lo contrario”.
“Es posible que una o más naciones soberanas arriben, a través de un liderazgo ambiguo, a una posición en la cual una clase administrativa gobernante pierda el control de la opinión publica básica, o de su habilidad para racionalizar una guerra deseada. No resulta difícil imaginar, en tales circunstancias, una situación en la que tal gobierno podría verse obligado a iniciar un proceso serio de desarme a gran escala (quizás provocado por alguna explosión nuclear “accidental”) y que tales negociaciones puedan conducir a la real disolución de las instituciones militares. Como nuestro Informe indica claramente, esto sería catastrófico. Nos parece evidente que en caso de que una parte importante del planeta se viera inmersa, repentinamente y sin una alerta previa suficiente, en una condición de paz inadvertida, entonces una preparación parcial o inadecuada será mejor que ninguna. La diferencia podría ser crítica”.

“Una ultima conclusión entonces sería que será necesario para nuestro gobierno planificar con profundidad para dos contingencias generales. La primera que es la que se refiere a la posibilidades de una paz general viable; la segunda es la continuación exitosa del sistema de guerra. En nuestra opinión, una preparación cuidadosa para la posibilidad de la paz debería continuarse, no porque tomemos la postura de que el fin de la guerra sería necesariamente deseable, si es que resulta posible, sino porque puede que nos sea impuesta de alguna manera, estemos listos para ella o no”.

RECOMENDACIONES

El informe termina  recomendando la creación bajo una orden ejecutiva del Presidente, de una Agencia de Investigaciones de Guerra y Paz permanente a la que asigna un nutrido listado de tareas, entre las que destacaré solamente una:
“La determinación de los niveles mínimos y óptimos de destrucción de vida, propiedad y recursos naturales como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa, lo que resulta esencial para funciones políticas y motivacionales”.
SOBRA CUALQUIER COMENTARIO


 
“SI NON E VERO, E BENE TROVATO”

¿Hegemonía o emancipación?

  x Ana Esther Ceceña   Las puntas de lanza socavadoras del proyecto emancipador tienen asiento en Colombia y México, junto con Honduras, Panamá, Costa Rica y ahora también Guatemala  

Las primaveras libertarias
Si una década atrás los aires de primavera americanos inundaban el resto del planeta, hoy regresan refrescantes aunque enigmáticos desde tierras árabes hasta nuestro continente.
Las revueltas americanas inauguraron un ciclo de luchas por la descolonización y la desalienación; por la desobjetivación de los sujetos; por la complementariedad y las diversidades; por la recuperación de la intersubjetividad; por la humanidad y contra la carrera suicida de un sistema insustentable y perverso. Partiendo del mundo en el que caben todos los mundos, proclamado por los zapatistas desde el fondo más profundo de las diversidades negadas, hasta las revueltas andinoamazónicas que llaman a refundar la relación con la naturaleza y a restablecer la integridad de la Pacha Mama, se ha recorrido un camino conceptual del que emana una politicidad transformada, subversiva y libertaria cuya potencia sólo puede ser medida en el tiempo y el espacio de los amplios horizontes, en los que se encuentran y a los que contribuyen los movimientos emancipatorios que crecen en todos los rincones del mundo.
El momento actual puede muy bien ser definido como de oportunidad y peligro, como de catástrofe y esperanza. Atendiendo a la alta inestabilidad sistémica que lo caracteriza, las rutas posibles de bifurcación están abiertas e invitan a esa creatividad sujética con que los pueblos reinventan su historia. No sólo hay un rechazo a la perpetuación del sistema sino un afloramiento de alternativas que van construyendo nuevos imaginarios y sus consecuentes cables a tierra, ya sea que aparezcan como políticas públicas, como nuevas institucionalidades o como construcciones autonómicas y comunitarias.
Desafiantes, atrevidos, audaces, convencidos y múltiples, los movimientos libertarios brotan por todos lados buscando materializar utopías viejas y nuevas y colocan al sistema en su conjunto en aprietos, casi desoyendo sus contradicciones internas. Que se vayan todos los representantes de este orden caduco y autodestructivo donde quiera que se encuentren no es más una aspiración argentina sino mundial, ya rumiada por los colonizados de todos los continentes y replicada unos años después por los indignados e insurrectos que brotan hasta en el corazón del sistema. Y todos significa los saqueadores, los creadores y defensores del orden establecido así sean legisladores, represores, financieros, inversores, educadores o civilizadores, bajo cualquiera de sus modalidades. No más opresión; no más alienación. El capital está en riesgo.
Diez años después en la Plaza Tahrir se escuchan los ecos de la Plaza de Mayo: que se vayan todos. Emblemas del Che Guevara, del Subcomandante Marcos y de Hugo Chávez ondean entre los manifestantes demostrando que la lucha es una sola más allá de sus matices y diferencias temporales y situacionales. Es un levantamiento contra el capitalismo que apenas empieza a mostrarse, atizado por la evidencia de insustentabilidad de un sistema que en consecuencia se militariza cada vez más.
Las pacíficas voces del Ya basta o del Ya no más que movilizan en contra del saqueo y que abren nuevos imaginarios atrevidos y esperanzadores se van convirtiendo en el enemigo principal de ese sistema obsoleto, pero sanguinario y despiadado, que extiende y profundiza la guerra colonial con la que inició hace más de 500 años, y con la que seguramente cavará esa tumba, a la que quiere arrastrarnos a todos.
Geopolítica a dos bandas. El control del homeland
Si América es considerada espacio vital de Estados Unidos por su carácter insular y sus condiciones de autosustentabilidad, el Medio Oriente, Asia Central y algunas regiones de África forman parte de sus emplazamientos neurálgicos. En un juego que se mantiene a dos, tres o cinco bandas, una en cada continente, Estados Unidos, como expresión del máximo poder mundial, intenta hacer honor a la pretensión del Pentágono de alcanzar la dominación de espectro completo.
Con ritmos distintos, pero manteniendo siempre el principio de los contrapesos; utilizando diferentes mecanismos pero aplicándolos de manera simultánea; comprometiendo actores que en otras circunstancias podrían pretenderse competidores pero manteniendo claramente el control desde la cúspide de la pirámide del poder; guardando una continuidad impecable de sus políticas hegemónicas no obstante los cambios de gobierno y los reacomodos de fuerzas, Estados Unidos se despliega por el mundo reforzando o conquistando posiciones que se constituyen en nodos estratégicos de un entramado global de dominación y disciplinamiento encaminado a la apropiación material de los elementos esenciales de reproducción del sistema, llamados de manera simplificada recursos naturales, y a la disuasión o confrontación de cualquier iniciativa de territorialidad, organización social o visión del mundo diferente a la occidental capitalista que encabeza.
En América Latina a pesar de la complicidad de muchos de los gobiernos de la región y del lanzamiento de grandes y ambiciosos proyectos que combinaban intereses económicos, reordenamiento territorial y control policíaco-militar directo e indirecto, no en todos los terrenos se logró mantener la preeminencia. Casi todos estos proyectos han sido cuestionados y han levantado una oposición en ocasiones dispersa, siempre multiforme, y en momentos articulada subregionalmente o incluso a nivel continental. Por su importancia simbólica, por haber permitido crear una plataforma de lucha en la que confluyeron movimientos muy distintos entre sí y también gobiernos comprometidos con la autodeterminación de los pueblos de Nuestra América, el rechazo militante y finalmente la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2006 marcó un momento culminante de la fuerza descolonizadora regional y a la vez un llamado a reforzar la estrategia contrainsurgente para detenerla.
A partir de ese momento puede observarse un reforzamiento de la política hegemónica sobre el Continente que juega simultáneamente en todos los frentes buscando a la vez penetrar y envolver, cercar y desarticular.
La señal de partida, que marca tanto cambios de forma como un claro aceleramiento del ritmo de intervención, fue dada en Sucumbíos, ratificando a Colombia como punto de irradiación interno, centro de una estrella capaz de lanzar sus rayos en todas direcciones y vinculado a las fuerzas del Pentágono, activas desde su implante en la base de Manta en Ecuador en ese momento.
Efectivamente Colombia es el asiento principal de este nuevo ciclo ofensivo, con un importante cambio de matiz con la salida de Álvaro Uribe de la Presidencia.
Después de un conjunto de movidas relativamente imperceptibles en toda el área del Gran Caribe, la base de Manta se multiplica en territorio colombiano mediante un convenio que admite 7 nuevas ocupaciones –anteriormente había 6- de instalaciones militares en condiciones de total inmunidad, tanto para los efectivos militares estadounidenses como para sus contratistas, que bien pueden ser ingenieros o mercenarios de guerra, espías, expertos en comunicaciones, biotecnólogos o cualquier otra cosa que sirva a los fines inmediatos y estratégicos de la cúpula del poder mundial bajo la representación del Pentágono.
Sin demeritar la importancia de las nuevas posiciones alcanzadas en el centro del continente, con capacidad de proyección rápida no sólo hacia los polos sino hacia otros continentes -particularmente África-, una de las jugadas de mayores consecuencias en la geopolítica continental fue la extensión del Plan Colombia por lo pronto hacia el norte.
La proyección hacia el sur, con su punto nodal en Paraguay, ha tenido algunos vaivenes. Pasó de la libertad de tránsito de efectivos militares estadounidenses en todo el territorio paraguayo, con inmunidad total (2006), a un relativo retiro y un nuevo convenio en virtud del cual se ha instalado una Base de Operaciones en el norte del país (2010), para capacitar en esta ocasión a los cuerpos policíacos, que son los que han tomado la delantera en la lucha contrainsurgente y de protección a los capitales transnacionales (lo que incluye desplazamiento, expulsión violenta, criminalización, encarcelamiento, asesinatos y reordenamiento territorial). No obstante, todavía no se logra establecer explícitamente un Plan Paraguay similar al de Colombia, como sí ha ocurrido en el norte.
La Iniciativa Mérida (2008), nombre con el que se ha querido disfrazar el Plan México, sienta un precedente que se repetirá en todas las subregiones donde se han escalado los acuerdos de seguridad previos, creando una nueva institucionalidad en el campo.
Tanto las normatividades (antes Planes, ahora Iniciativas), como los emplazamientos directos (bases), e indirectos (IV Flota); algunos encaminados a envolver y otros a penetrar, algunos unidireccionales y otros compartidos (ver cuadro), han logrado modificar el equilibrio geopolítico, en permanente redefinición.
Estados Unidos logró revertir la tendencia emancipatoria ascendente que marcó el cambio de milenio pero no ha logrado derrotar la resistencia, que se recompone desde diferentes lugares y con distintas modalidades. La ocupación y control territorial (que incluye los mares), alcanzados mediante un juego combinado de compromisos de cooperación, trabajo mediático, cooptación, inyección de recursos e ideología a la sociedad civil y despliegue de fuerzas físicas, determinó un cambio de balance en el segundo quinquenio del siglo XXI. Las contradicciones y disyuntivas inevitables de la resistencia y de una construcción alternativa, que no termina de despegarse de los imaginarios y prácticas capitalistas; que no termina de atreverse a “caminar sobre sus propios pies”; que no se acaba de desprender de los modos de pensar, de concebir, de hacer que le han sido impuestos por los colonizadores; que no alcanza todavía a concretar las condiciones de irreversibilidad del dislocamiento sistémico que está intentando; dan soporte al terreno de la reconquista.
Las puntas de lanza socavadoras del proyecto emancipador tienen asiento concreto en Colombia y México, junto con Honduras, Panamá, Costa Rica y ahora también Guatemala. Haití es un caso doloroso y paradigmático dentro de este tablero en el que sucesivos intentos de golpe de estado o de golpe de sociedad redirigen las dinámicas con un sentido hegemónico.
Por el otro lado, la terquedad de los pueblos en la defensa de sus territorios y sus culturas, de sus historias y sus horizontes, de sus visiones del mundo y modos de vida, aunada a los esfuerzos de construcción de institucionalidades tendientes a la desconexión del capitalismo (sumak qamaña, sumak kawsay, biopluralidad), al reconocimiento de las diversidades (estados plurinacionales, autonomías), contrahegemónicas (ALBA) o, por lo menos, impulsoras de la autodeterminación, de la descolonización, o de nuevos entendimientos Sur-Sur (CELAC), son los puntos de apoyo de un futuro no suicida y, consecuentemente (aunque no sólo), no capitalista. Todo esto siempre que se logre la confluencia, que no la unificación, entre los diferentes sujetos y procesos en búsqueda de una emancipación integral.
Las apuestas del control planetario
Entendiendo que el control de casa es absolutamente prioritario, éste ocurre paralelamente y en consonancia con el de áreas o espacios de importancia estratégica en términos de su dotación de recursos fundamentales, de su rebeldía político-cultural, de su arraigo histórico específico (en este caso no-occidental), o de su capacidad para conformar una articulación hegemónica alternativa (1).
El corredor petrolero de Asia Central, Medio Oriente y África es sin duda la segunda prioridad de la política hegemónica, no sólo por sus riquezas sino por los juegos de poder presentes en él.
Desde la búsqueda por impedir la relación entre China y los países proveedores de petróleo; la de China y Rusia o de cada uno con sus redes de alianzas regionales; hasta la de impedir la formación de nodos de articulación no occidentales como podrían ser (o haber sido) Libia y, sobre todo, Irán (2), las piezas llevan tiempo acomodándose en la zona y son una referencia de equilibrio con respecto a América.
En África el Golfo de Guinea, Sudán y Libia marcan un triángulo de codicia que se inserta en la línea Libia, Siria, Irán, de manera que tiende a abarcar casi toda la región que el Pentágono considera ser la “brecha crítica”, tanto por sus riquezas como por su presunta indisciplina, desorden o insumisión.
Escenarios simultáneos, contrapunteados y fundamentales, para los que se diseñan políticas diferentes y se movilizan actores específicos, pero que sólo en conjunto garantizan el mantenimiento de la hegemonía y, lo que es infinitamente más importante, del orden sistémico.
Ahora bien, como en todo juego de estrategia, un movimiento implica siempre efectos varios. La jugada entonces pone a prueba también a las fuerzas aliadas como las de la OTAN, suplantadoras sin riesgo de competencia porque requieren la asociación, y mueve las relaciones internas de la Unión Europea de modo que puede resultar en un debilitamiento general de su fuerza relativa. De esta manera los costos de la guerra se expulsan y los beneficios se comparten, dejando los inmediatos en las manos más pequeñas y los estratégicos en la cúspide de la pirámide del poder.
De algún modo el corredor petrolero contrahegemónico liderado por Venezuela en Latinoamérica, antes por Libia en África y por Irán en Asia Central marca las pautas de movimiento de la geopolítica y enciende los focos de alerta.
Evidentemente, el involucramiento popular en la construcción de los procesos contrahegemónicos o alternativos es la base de su solidez y el mal manejo de las diferencias puede llevar a situaciones en que éstas se conviertan en contradicciones incluso antagónicas.
La suerte de la región y las posibilidades de construcción de un futuro distinto, que permita caminar hacia fuera de este sistema de guerra y depredación, se encuentran en gran medida en la sabiduría con la que estos procesos generan los consensos e inventan su realidad, cosa que no en todos los casos sucede y que, por supuesto, es la más difícil de lograr.
Tanto Libia como Siria muestran fracturas sociales que han sido muy bien aprovechadas por los intereses hegemónicos. No obstante, en geopolítica nada se escribe de manera definitiva y la balanza puede nuevamente orientarse hacia la bifurcación sistémica, hacia lo que hoy muchos ya nombran el vivir bien.

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Notas:
1) En el caso de América este lugar le corresponde a Venezuela.
2) Irak en su momento fue destruido por los mismos motivos.
Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica www.geopolitica.ws

Terrorismo de Estado e impunidad

 x Carlos Fazio

"Tras la imposición de Calderón mediante un “fraude patriótico” en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida."

I


El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas” se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un “fraude patriótico” en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Bajo el disfraz de una “guerra” al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el “enemigo interno”, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como “brutalización de la política”, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al “enemigo interno”, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como “un peligro para México” marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que “protegía” al país con “el monopolio del poder” (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a “bajas colaterales”.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza “por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone”. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto crimin



II

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten” (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la “función” de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca “quebrar” al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como “mal necesario” y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.


III

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.


IV

éxico vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción “permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como “combatientes ilegales”, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un “limbo” legal hasta el presente, apoyado por un “sistema” judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.


LaJornada

REDD - La codicia por los árboles

Titulo original: REDD : la codicia por los árboles (El Caso Chiapas: la Selva Lacandona al mejor postor)
Direccion: Domingo M. Lechón
Guión: Ángel Galán, Jesica Ciacci, Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Imagen y sonido: Ángel Galán, Mario Nájera, Néstor Jiménez, Luis Iborra, Fuyumi Labra, Jesica Ciacci
Producción: Jesica Ciacci
Producido por: Otros Mundos AC - Amigos de la Tierra México
Con el apoyo de: Amigos de la Tierra Internacional, Fundación Siemenpuu, Global Justice Ecology Project
Entrevistas: Domingo M. Lechón, Claudia Ramos, Jeff Conant, Jesica Ciacci
Animaciones: Jesica Ciacci, Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Dirección de arte: Jesica Ciacci
Voz en off: Saskia Hernández
Diseño: Domingo M. Lechón
Edición: Néstor Jiménez, Domingo M. Lechón
Imágenes extras: Canal10 Tv Chiapas, Comunicación de Gobierno de Chiapas, Organización de las Naciones Unidas ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Notimex, Amigos de la Tierra Internacional, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Diario de Chiapas
Música: Calle 13, Balam, F-Steel
Agradecimientos: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Ranchería Huitepec-Alcanfores, Comunidad de Betania, Comunidad de Amador Hernández, Enlace, Comunicación y Capacitación AC,  Maderas del Pueblo del Sureste AC, Cooperativa Ambio, Conservation International, SEMAHN Gobierno de Chiapas, Koman Ilel, Naranjas de Hiroshima, ECO - Estrategias en Comunicación, Amigos de la Tierra Internacional, RECOMA, Isaac Rojas, Javier Balderas Castillo y a todas las personas que hicieron posible este trabajo.
Grabado en: Quintana Roo: Cancún (dic 2010) y Chiapas: Amador Hernández, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Betania, Acteal (abril-julio 2011)
Licencia: Creative Commons . Algunos derechos reservados :
Permitido difundir este trabajo por cualquier medio
Permitido utilizar este trabajo, menos con fines comerciales
Permitida obra derivada, manteniendo esta licencia
En todo caso referenciar la autoría
Pais de produccion: México
Año: 2011

El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los bosques) resuena en la actualidad de Chiapas, México y muchos otros lugares del mundo. Fue propuesto hace unos años en la ONU como un mecanismo de compensación que ayudara para combatir el cambio climático. Sin embargo en la Cumbre del Clima de Cancún en 2010 (COP16), esta propuesta se afianzó fuertemente gracias al impulso del Gobierno de México, quien presentó algunas “acciones tempranas” de REDD e introdujo a comunidades rurales en el mercado del carbono…  En este video documental distintas partes implicadas dan argumentos sobre REDD, sobre el interés que hay en la implentación de este mecanismo y sobre lo que implica para Chiapas. Aquí mostramos algunos comentarios de las partes implicadas que los medios de comunicación comerciales ocultan.  REDD ¿aporta una solución real a la crisis climática? ¿Qué relación existe con la brecha lacandona? ¿Qué lo hace un tema tan importante?*1

ENREDDAR A CHIAPAS

En el mundo, la situación de la capa forestal es grave. La tasa anual de variación de la superficie forestal de 2000 a 2005 fue del -0,51% (y -0,46% de la década de los 90). De 1990 a 2005, en quince años, se perdió el 3% del área total de bosques representado un 5% de reducción de depósitos de carbono. Aproximadamente 13 millones de hectáreas se deforestan anualmente, lo que equivale liberar a la atmósfera aproximadamente 2 billones de CO2 por año. Se calcula que para la totalidad de los trópicos, las emisiones por deforestación equivalieron a 1.500 millones de toneladas de CO2 anuales en el periodo mencionado. Esto representa el 17% de las emisiones mundiales de Gases Efecto Invernadero (GEI). Los bosques almacenan 289 Gt de Carbono y solo el 12 % de los bosques del mundo han sido designados para la conservación de la biodiversidad biológica.

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos forestales, un 47% de las tierras, que equivalen al 22% de la superficie forestal mundial. Al menos diez países cuentan con 1.000 especies de árboles y la región es considerada en primer lugar en el mundo en cuanto al número de especies de árboles en peligro o vulnerables a la extinción. Alrededor del 12% de toda su superficie forestal está destinada principalmente a fines de producción (el promedio mundial es de 32%). En Brasil solo el 5,5% de sus bosques pertenece a esa categoría, en Uruguay el 60%; en Chile el 45% y en Perú el 37%. La región es responsable del 12% de las emisiones globales de GEI y a nivel mundial genera más en dos sectores como porcentaje de sus emisiones totales. Una, en el cambio de uso de suelo por deforestación (47% contra el 19% en el mundo); y otra, en la agricultura (20% contra el 14%) por el uso de fertilizantes y de las emisiones de metano originadas en la actividad ganadera. De 2000 a 2005, la región perdió 4,5 millones de hectáreas de cubierta boscosa. Los volúmenes más altos de emisiones los produjo América Latina con 71.000 millones de toneladas de CO2 por año.

En México, los bosques cubren el 31% del área total de la superficie. En los últimos 13 años, con el financiamiento del Baco Mundial, éste asegura que el país ha logrado la protección de 800 mil hectáreas de bosques comunitarios y se ha evitado la migración de seis mil 204 campesinos. Se establecieron 353 regulaciones y estatutos sobre la protección de bosques y 51 esquemas de pago por servicios ambientales. Además han sido fortalecidas 41 asociaciones y 179 empresas comunitarias de bosques, mientras más de un millón 783 mil hectáreas se encuentran reguladas bajo 274 planes de zonificación comunitaria. Todo esto generado a raíz de un plan piloto desde 1997. Gracias a ello, el Banco Mundial asegura que México se ha convertido en líder mundial en materia de manejo sustentable de bosques comunitario.[3] Sin embargo, esto es muy contrastante con la pobreza en aumento no sólo de la población rural, del hecho en que México ocupa el primer lugar en migración en el mundo y que la deforestación avanza a un ritmo acelerado por medio de la implementación de diversos megaproyectos.

La Estrategia de REDD en Chiapas.

La estrategia de REDD del Estado de Chiapas que se alinea a las decisiones federales en materia de cambio climático. Las Directrices del gobierno mexicano para la mitigación es la preservación y aumento de sumideros de carbono, lograr que en 30 años se reduzca al 0% la deforestación, reconvertir las tierras agropecuarias degradadas, mejorar la cobertura en 60 millones de tierras ganaderas, fortalecer el combate de incendios, incorporar ecosistemas forestales a las Unidades de manejo para la Conservación de la vida silvestre (Uma), a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), o al Manejo Forestal Sustentable (MFS), entre otras. También se propone un Fondo Verde para adaptación, mitigación, investigación y difusión alimentado con fondos gubernamentales, contribuciones y sanciones por emisiones, aportaciones y donaciones deducibles, aportaciones internacionales, ventas de reducción o permisos de emisión, y sanciones administrativas.

Chiapas se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. Con varios argumentos: que el 62% de las emisiones en Chiapas proviene de cambio de uso de suelo; que REDD traerá progreso y combate a la pobreza, y que promete un negocio rentable.

Para el gobierno de Chiapas “REDD+ ha demostrado ser una estrategia de mitigación rentable, con varios co-beneficios como “la reducción de la pobreza a través de pagos de monitoreo biológico y social, e indirectamente brindando estímulos para el ecoturismo, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad.” Así, desde el 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción. En esta construcción participan los gobiernos federal y estatal: la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVIHN); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); el Instituto Nacional de Ecología (INE); y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además las ONGs conservacionistas empresariales como Pronatura y AMBIO; y con instituciones académicos como Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Tecnológico Regional del Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para lograr sus propósitos, el PACCCH puso las bases legales y políticas con una propuesta de una Ley general de Cambio Climático para el Estado; la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para las dependencias gubernamentales con el fin de elaborar las estrategias de mitigación y adaptación; y un Consejo Estatal de Cambio Climático. En lo financiero propuso la creación del Fondo Ambiental del Estado de Chiapas. También el PACCCH aceleró su marcha para definir tres productos fundamentales como son el inventario de GEI; los escenarios climáticos futuros; y la línea base de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+) con cálculos de la cantidad de carbono contenido en la biomasa viva y en el suelo del Estado para el periodo de 1990 a 2008 y proyecciones hasta 2020, usando tier 2 y 3 de la metodología de la IPCC.

Por otro lado, el gobierno creó el grupo de REDD+ y un grupo Estatal de Servicios Ecosistémicos (GESE) con la idea de mitigar los GEI por medio de la identificación de lugares prioritarios para el pago de “servicios ecosistémicos” (captura de carbono, conservación de biodiversidad, servicios hidrológicos y sistemas agroforestales). El grupo identificó los sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, capacitó a personas en la medición y monitoreo de carbono y ejecutó proyectos piloto a nivel comunitario en la Reserva la Biosfera El Ocote. El componente final de PACCCH es la construcción de una línea base de REDD+ para reducir las emisiones de los bosques y selvas por medio de la conservación, reforestación y restauración de los mismos. Con ello, los proveedores de este servicio ambiental (las comunidades y/o gobiernos que conservan o reforestan sus bosques, por lo pronto) recibirían beneficios financieros de gobiernos y/o empresas extranjeras que compran los bonos de carbonos. El objetivo es captar los recursos que los países emisores de GEI han destinado para compensar su contaminación global. Por ejemplo, China ha destinado 1 billón de dólares de inversiones en su mercado de carbono (captura de metano y gases industriales, la conversión de desechos a energía). Sin embargo, lo que no dicen es el fracaso de los proyectos de pagos por servicios ambientales que ya se han implementado ni tampoco los montos raquíticos que reciben las comunidades indígenas y campesinas por compensar y paliar a los países en desarrollo la crisis ambiental que han generado

Tampoco se hace referencia a que las inversiones en el mercado de carbono tienen muchas deficiencias e incertidumbres políticas y administrativas. No hay certidumbre ni transparencia en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) cuyos proyectos aprobados muchos ya estaban planeados o en proceso de construcción; que falsedades en las emisiones reportadas y que están obligadas a reducirse; que el precio de la tonelada de CO2 no es rentable; que no están fortalecidas las obligaciones vinculantes en los países emisores; que no hay garantías jurídicas, administrativas o institucionales en los países sumideros para implementar el mecanismo de REDD. Faltan mecanismos confiables de medición y, sobre todo, para el sector privado que busca cómo obtener más ganancias de la crisis climática, reclaman burocratismos y rechazan todos aquellos instrumentos o medidas que no les faciliten la rápida y fácil ganancia. *2

Fuentes de información: *1 Otros Mundos (información y descarga del vídeo y la tapa),*2 Extracto del articulo ENREDDAR A CHIAPAS, de Gustavo Castro Soto. 

Otra información complementaria: Nuevas formas de despojo territorial: RED, REDD y Represas (El Caso de Onduras).

Buscan mineras británicas y canadienses explotar plata, plomo, zinc y hierro de tierras indígenas de Guerrero.

Advierten indígenas de la CRAC sobre los daños ambientales que causa la explotación de minas

Jesús Rodríguez Montes

San Luis Acatlán
Primera parte

En los primeros días de noviembre tres hombres que se identificaron como trabajadores de la empresa minera Hochschild México, de capital británico, llegaron a las oficinas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la cabecera de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero.
Solicitaron entrevistarse con los coordinadores de la agrupación indígena, que es el órgano de dirección de la Policía Comunitaria. El propósito: notificarles que durante esos días, un helicóptero Eurocopter matrícula XA-SCR (certificado de aeronavegabilidad 10AIM100) al servicio de la empresa, estaría realizando sobrevuelos por los cerros de la zona a no más de 35 metros de altura.
Casi a ras del suelo, sobre un territorio boscoso, como es en esta zona de pueblos indígenas donde la agreste Montaña se une a la Costa Chica de Guerrero, la aeronave desplegaría su vuelo.
Los visitantes –dos mexicanos y uno de aspecto anglosajón, el piloto– en menos de 10 minutos dieron esta información a los coordinadores de la CRAC; les entregaron una copia fotostática de un documento donde comprueban que Hochschild, desde el 21 de octubre de 2010, tiene ya el permiso de las autoriodades mexicanas para estas operaciones, anuencia que obtuvieron de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y luego se marcharon para seguir con su trabajo.
Los sobrevuelos de la aeronave, como era de esperarse, ocurrieron en las horas siguientes. Desde la sede de la Casa de Justicia que la CRAC instauró en Espino Blanco, localidad me’phaa de Malinaltepec, a orilla de la arruinada carretera federal Tlapa-Marquelia, los agentes de la Policía Comunitaria y cientos de lugareños observaron cómo el helicóptero maniobraba por los aires, rozando las copas de los árboles en las laderas.
El ruido ensordecedor provocado por las potentes hélices alertó a los lugareños. Varios se refugiaron en sus moradas, otros, tomaron fotografías de ese acontecimiento del que no tenían información alguna, dado que Hochschild anticipó de sus operaciones apenas unas cuantas horas antes.
“Efectivamente, no tenemos toda la información, solamente porque el día 5 de noviembre se presentaron unas personas diciendo que iban a realizar una serie de exploraciones, de estudios, que se iba a utilizar un helicóptero, pero fue todo lo que dijeron. Dejaron identificación de cada uno de ellos, pero fue muy escasa la información, no dijeron ni explicaron de qué minerales se trata, hablaron de una minera pero no sabemos si van a explotar oro, plata, zinc, uranio, estaño, yo no sé, eso no lo mencionaron”, dice Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC que atendió ese día a los enviados de la minera británica.
Los rasantes sobrevuelos del helicóptero a principios de noviembre constituyeron en realidad la primera acción de información para los pueblos de La Montaña y Costa Chica en torno a un ambicioso proyecto de extracción de minerales que, si los propósitos del gobierno y las empresas prosiguen respecto a lo planeado, se instaurará en 2011 en ambas regiones en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Iliatenco y Tlacoapa.

Corazón de Tinieblas, Mina San Javier y La Diana

Son tres los principales proyectos mineros que en 2011 planean comenzar con trabajos más a fondo en los pueblos indígenas: el de Hochschild Mining, denominado Corazón de Tinieblas, que incluye a San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa; y dos más que emprenderá Camsim Minas S.A. de C.V., denominados Proyecto San Javier y La Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec.
A diferencia de lo que ocurre con las comunidades, en los gobiernos federal y estatal se tiene información de estos proyectos desde hace años, como se comprueba en documentos oficiales de la Secretaría de Economía (SE). Ahí también se precisa que en el caso de los tres proyectos, las concesiones tienen una vigencia de 50 y 46 años, respectivamente.
Guerrero, “desde tiempos de la Conquista ha sido importante en su producción de minerales metálicos y fue en Taxco donde se abrió la primera mina”, dice el documento Panorama Minero del Estado de Guerrero, emitido por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Coordinación General de Minería (CGM), ambas dependientes de la SE federal.
Establece que durante la última década “se ha incrementado sustancialmente la exploración de minas” en la entidad y que resulta “evidente que el potencial geológico-minero sigue siendo muy amplio y favorable, considerando que el territorio guerrerense no ha sido suficientemente explorado y cuenta con grandes posibilidades para la localización de nuevos yacimientos de interés económico, en zonas geológicamente prospectivas con evidencias de mineralización, que justifican trabajos exploratorios de mayor detalle, y que representan un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera”.
Bajo esa perspectiva, no resulta extraño que desde el gobierno se haya dado anuencia a 550 concesiones de explotación y exploración a empresas mineras tan sólo de 2000 a 2009, es decir, en menos de una década, de acuerdo a la Dirección General de Minas y la Dirección de Cartografía y Conceciones Mineras, de la SE federal, que especifican en una lista los Títulos de Concesión Minera Expedidos durante ese período. Las concesiones implican 1 millón 583 mil 928 hectáreas donde se desarrollarán los proyectos.
Para 2011, los proyectos más ambiciosos de extracción de minerales tienen la mira puesta en pueblos indígenas de La Montaña y Costa Chica, que serán emprendidos por empresas de capital británico y, en apariencia, también de capital canadiense.
En el Proyecto Mina San Javier y La Diana los trabajos ya superaron la etapa de exploración y ahora Camsim está articulando los permisos correspondientes con los núcleos agrarios implicados. La propia minera ha difundido a través de internet (http://www.youtube.com/watch?v=aIngr52l1xs&feature=related y http://www.youtube.com/watch?v=pnqQ3zoOnMU&feature=related) un par de videos donde se aprecia a especialistas –evidentemente extranjeros, se dice en la zona que eran canadienses– realizando recorridos por las montañas, acompañados de lugareños. Los videos muestran paisajes boscosos donde los especialistas, con mazos y zapapicos, golpean rocas de la superficie para desprender pequeños trozos que son la muestra de la riqueza mineral que abunda en el territorio.
Derek Sutherland, presidente de Camsim –cuyo domicilio legal se establece en Acapulco- en uno de los videos explica en qué consisten los proyectos que desarrollarán para la extracción de plata y oro, principalmente, en un perímetro de 15 mil hectáreas de “extraordinario” potencial. Se hace referencia a que en este lugar la plata resulta de fácil extracción y 30 vetas de este mineral han sido identificadas en la superficie. Además, se ha detectado que hay otros metales como plomo, zinc y hierro.
Para el proyecto Mina San Javier, Camsim considera –según consigna en su página web– que tiene ventajas en cuanto a infraestructura, como el hecho de que se instaurará en un lugar donde anteriomente ya había operado una mina, muy cerca del poblado me´phaa Xochiatenco. Ahí hay infraestructura carretera, eléctrica e hídrica.
Puntualiza los avances y ventajas con las que cuenta: “En el Proyecto San Javier hoy en día hay un molino, trituradora, el circuito de flotación y de laboratorio. Hay dos pequeños ríos corriendo muy cerca del sitio del molino, que proporciona el suministro de agua suficiente, sin embargo, son lo suficientemente lejos para no molestar a las operaciones mineras. Excelente infraestructura de transporte ya está en marcha, los caminos forestales proporcionan un acceso seguro desde y hacia la propiedad”.

Surge un movimiento anti mineras en La Montaña; las han rechazado en asambleas

Jesús Rodríguez Montes

Malinaltepec

Segunda parte

En los primeros días de noviembre de 2010, en la comunidad me’phaa de Paraje Montero, Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea donde los indígenas de este núcleo agrario dieron su anuencia a la empresa minera Camsim. En otros núcleos agrarios, de mayor tamaño, la empresa no ha encontrado las mismas facilidades, por el contrario, se ha enfrentado a un grupo de campesinos organizados que, aseguran, realizarán las acciones que les sean posibles para evitar la explotación de sus territorios por los daños que provocarían en el entorno.
Es el caso en Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa; en Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua, de Malinaltepec; y en los bienes comunales de Iliatenco, donde en asamblea realizada el 6 de noviembre los comuneros en definitiva se negaron a convenir con la empresa, a pesar de que les ofreció dinero.
Melitón Santillán Cantú es un sacerdote de 47 años oriundo de Iliatenco. Actualmente es párroco de Malinaltepec. Desde hace varios años participa activamente en la organización de la gente para la protección de los recursos naturales y ahora se ha enrolado en el movimiento anti mineras que comienza a desplegarse en los pueblos, pues está convencido de que las empresas “no están aquí como para responder a la gente pobre y en mi parte de sacerdote, representante de Jesucristo que es un profeta, que no sólo anuncia las buenas noticias, sino también las malas, no puedo quedarme callado frente a una injusticia que se va a cometer contra el pueblo pobre”.
En una entrevista realizada en las faldas del cerro de la localidad El Tepeyac, Malinaltepec –un entorno colmado de pinos y encinos, el frío se torna intenso apenas cayendo el atardecer– Santillán cuenta que, en calidad de comunero, acudió a la asamblea de los bienes comunales de su pueblo, donde más de mil comuneros, en presencia de enviados de la empresa y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), votaron a mano alzada en contra de la explotación de la mina. Uno de los primeros reveses para la minera.
En esa asamblea, asegura Santillán, los enviados de la empresa, de apellido Larequi, les confirmaron que días antes en Paraje Montero ya habían aceptado el proyecto y que a cambio, les dieron una serie de compensaciones, incluyendo un millón de pesos “sólo por la exploración”.
En Iliatenco, “la Secretaría de la Reforma Agraria estuvo como queriendo animar a la gente con proyectos productivos que supuestamente mandó la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) federal; pero la gente dijo que no”, cuenta.
Más allá de la posición asumida por las autoridades que alientan la instauración de las mineras ante los campesinos, algo “normal” entre los funcionarios estatales y federales, a Santillán también le resulta “lógica” la posición que han asumido los empresarios, que mienten en las asambleas comunales y ejidales.
Por ejemplo –sostiene el sacerdote– en Iliatenco los empresarios revelaron que en Paraje Montero dieron un millón de pesos para conseguir la anuencia, pero después, en una reunión con campesinos de este núcleo, negaron su dicho.
Esa situación le ha originado un conflicto a Santillán, pues en Paraje Montero los representantes de los Bienes Comunales le han pedido que vaya a comparecer para aclarar lo del dinero y lo tildan de “mentiroso”, pero él sostiene que se trata de una acción de la empresa y de comuneros aliados con el objeto de desarticular el movimiento de otros campesinos de la zona que ya se están organizando para impedir los proyectos.
Dice que por participar en la organización de las comunidades, ha sido objeto de amenazas en años anteriores. Actualmente, revela que su oposición a las mineras también le ha valido nuevas acciones de amedrentamiento.
“No creo que una minera quiera el bien, no sé si mi ignorancia me hace decir estas cosas, pero a las mineras se les hace fácil desaparecer e intimidar a las personas. Eso es lo que ha pasado en Oaxaca, donde un sacerdote por oponerse está exiliado”, afirma.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista con más de 15 años de experiencia en procesos de desarrollo comunitario en La Montaña y ex integrante del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos (PAIR), un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista explica que el procedimiento a seguir para obtener una concesión minera resulta “tan sencillo” como presentarse ante la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, llenar un formato burocrático para la solicitud dirigida a la Dirección General de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, y pagar cierta cantidad de dinero.
La primera etapa es obtener la concesión de exploración, precisa Mijangos. Una vez ubicada el área y los minerales que extraerán, el siguiente paso es cumplir con los criterios de protección al medio ambiente que determina el gobierno mexicano y después, obtener la anuencia de las comunidades para realizar la explotación, es decir, las actas de asambleas agrarias donde se compruebe que, ya sea ante el Ejido o los Bienes Comunales, se sometió a consulta de sus integrantes la petición y que éstos la aprobaron. Luego, las autoridades agrarias del gobierno validan el convenio entre campesinos y empresas.
Es en estos dos últimos procesos donde las cosas suelen manipularse por parte de las empresas, asevera Mijangos. Primero, porque en la mayoría de las concesiones de explotación, con anuencia de las instancias del gobierno, se ignoran las disposiciones vigentes en las de leyes de protección al ambiente.
Después, en la etapa de anuencia de los campesinos, las asambleas suelen ser “amañadas”, controladas por unos cuantos líderes que a espaldas de la comunidad negocian con los empresarios. Lo más grave de todo, dice el activista, es que las autoridades del gobierno se prestan a que las cosas se manejen de esa manera, incluso participan en las asambleas tratando de convencer a los campesinos de las bondades del proyecto, sin mencionar una sola palabra de las afectaciones al entorno.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto a los proyectos Mina San Javier y La Diana que Camsim piensa desarrollar en Malinaltepec e Iliatenco en los lotes San Gabriel y Diana con una superficie de 253 y 14 mil 722 hectáreas respectivamente que los concesionarios son Miguel Joaquín Larequi Radilla y Socios, en San Gabriel, y Diana Rebeca Castillo García, en Diana. Los permisos tienen vigencias de 2005 a 2011, en San Gabriel, y de 2009 a 2059, en Diana.

Tinieblas en La Montaña

En víspera de las fiestas de Año Nuevo, en la cabecera de Zapotitlán Tablas, un municipio me´phaa donde gobierna el PRI, las horas transcurrían con las actividades cotidianas en estas fechas: música por doquier, algunos ebrios en las calles y el Palacio Municipal cerrado por vacaciones.
Charlando con lugareños, el reportero confirma que aquí no se sabe nada de que en 2011 se instaurará el ambicioso proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, un nombre que bien equivale al misterio que hay en torno a él, cuando menos entre los habitantes y las autoridades municipales.
Para llegar a la cabecera de Zapotitlán Tablas, municipio que en la región adquirió fama por el encono violento que hay entre las organizaciones Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y Antorcha Campesina, hay que atravesar una carretera que a pocos meses de haber sido oficialmente rehabilitada con recursos federales y estatales, ya está en mal estado.
Para llegar a las comunidades los indígenas tienen que atravesar caminos de tierra, algunos sinuosos al extremo. Precisamente en esas comunidades es donde se planea instaurar el proyecto minero, en un área de 43 mil 700 hectáreas, aunque los habitantes aún no lo saben.
Un chofer de transporte público, oriundo de la cabecera, dice al reportero que, a diferencia de lo que ha ocurrido en San Luis Acatlán y Malinaltepec, por Zapotitlán no se han observado sobrevuelos de helicópteros.
La regidora de Seguridad Pública, Aracely Sánchez Espinobarros, se muestra sorprendida ante las preguntas del reportero, sobre todo cuando le dice que precisamente este municipio se considera para el proyecto el perímetro de mayor tamaño.
–¿Qué se saben en el Cabildo sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas?
–Nada señor, al menos ante el
Cabildo no ha llegado información de nada de eso, supongo que si se va a hacer, cuando menos al Cabildo tiene que llegar la información.
En la página oficial del gobierno de Guerrero, en la reseña del municipio, se dice que en Zapotitlán existen veneros de antimonio, cuarzo y cobre. Sin embargo, un joven cuenta que en el cerro Altiapa, ubicado frente a la cabecera, algunas personas afirman que “han encontrado oro”, o cuando menos suponen que de ese mineral se tratan las impregnaciones brillantes que observan en las piedras. “Aquí cerca hay un pueblo que se llama Barranca Oro, ya es en Acatepec (municipio vecino), ahí sí dicen que hay oro, eso dice la gente”.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto al proyecto Corazón de Tinieblas, que la concesión legal está a nombre de la Minera Zalamera S.A. de C.V., que opera otros proyectos en pueblos indígenas de Chiapas y Oaxaca y que es aliada de la británica Hochschild Mining.
Este proyecto contempla los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán. Territorialmente, el proyecto está dividido en tres partes: Corazón de Tinieblas, en su mayor parte en Zapotitlán, concesionado desde 2005 hasta 2011 para exploración, en un área de 43 mil 700 hectáreas; Corazón de Tinieblas Reducción Sur y Reducción Norte, con una extensión de 2 mil 800 y 3 mil 300 hectáreas respectivamente, concesionadas para reducción de 2009 a 2059.
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http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=94734

Advierten indígenas de la CRAC sobre los daños ambientales que causa la explotación de minas

Jesús Rodríguez Montes


Los proyectos mineros en La Montaña han comenzado a generar una amplia expectación, sobre todo en quienes no están de acuerdo con ellos. En respuesta al silencio de las autoridades, que a cuentagotas han soltado información sobre el tema, varios indígenas, por sus propios medios, se han dado a la tarea de investigar y se han encontrado con experiencias de otros estados donde las mineras, lejos de contribuir al desarrollo de sus comunidades, han sido el principal motor para provocar división entre comuneros y un irreversible daño al medio ambiente, sobre todo cuando el método de extracción de minerales que se aplica es a cielo abierto.
La CRAC y otras organizaciones locales han comenzando a articular una campaña de información en los pueblos, mediante la conformación de brigadas de información anti mineras. Se distribuyen volantes donde aparece la fotografía del helicóptero realizando sobrevuelos y, en letras grandes, resalta la pregunta: “¿Tú sabes qué anda haciendo éste?”. Y el texto añade: “¿Estás de acuerdo con que nos sigan invadiendo, queriendo llevar nuestras riquezas, dejándonos en la ruina? ¿Estás de acuerdo que vengan a contaminarnos, a acabar con nosotros? ¡Hay que ponerles un alto porque las consecuencias son graves!”.
Mientras que en la estación de radio comunitaria La Voz de los Pueblos, órgano de difusión de la Policía Comunitaria, se transmiten spots en el mismo sentido e informan de los daños al entorno y a los seres humanos que provoca el cianuro, sustancia empleada en el proceso de extracción de minerales.
“Lo que se ha hecho es investigar un poco lo que ha ocurrido en otros lugares y lamentablemente la información que nos ha llegado en videos y diversos documentos, es que donde se explotan los minerales, sobre todo a cielo abierto, se produce un serio impacto ambiental, se desgarran cerros, se acaba con la flora y la fauna del lugar, pero no sólo eso, sino que se ha envenenado el cauce de los arroyos y los ríos por el procedimiento que utilizan, que se valen de sustancias tóxicas para el ser humano”, dice Máximo Tranquilino Santiago, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán.
Po su parte, el alcalde de este municipio, Vicario Portillo Martínez, en entrevista telefónica confirma que en el Ayuntamiento tampoco han recibido información oficial sobre las mineras.
Ante un proyecto de tal magnitud, dice Pablo Guzmán, también coordinador de la CRAC, el gobierno debiera considerar el derecho que tienen los pueblos a la libre consulta, como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y afirma que las empresas “han sorprendido a algunos compañeros para firmar convenios que al final se traducen en un gran problema, que al final derivan en un gran daño social. Al final lo que quieren ellos es lograr su propósito no importándoles cómo quede la región y la zona, eso es saqueo y sería un robo”.
Por ello, anuncia que desde los primeros días de 2011, en la región se desplegarán brigadas de información, actividades previas a una magna concentración de comunidades de La Montaña que se realizará el 5 de febrero, en la localidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, para tratar el caso de las mineras.

No se cumplen las leyes de
protección al ambiente

Las cordilleras de la Sierra Madre del Sur que atraviesan por esta región son ricas y vastas en cuanto a recursos naturales. Desde La Montaña surgen las cabezas de cuenca que abastecen de agua a ríos tan importantes como El Papagayo, el más caudaloso de Guerrero que desemboca en Acapulco.
Según estudios realizados por investigadores del proyecto Manejo Integral de Ecosistemas (MIE), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que operó durante ocho años en La Montaña, la zona cuenta con una riqueza de recursos naturales en una superficie de 692 mil hectáreas, de las cuales 281 mil 332 tienen una cubierta boscosa natural que representan dos ecorregiones globalmente importantes: Las selvas secas (selvas bajas caducifolias) del pacífico y los bosques de pino-encino de la Sierra Madre del Sur.
Tiene la región un registro en flora de 298 especies, de las cuales tres están catalogadas en protección especial, cinco amenazadas y tres en peligro de extinción. La riqueza de fauna es de 371 especies, de las cuales 28 están catalogadas en protección especial, 21 amenazadas y tres en peligro de extinción.
A juzgar por los hechos, dice el estudioso y activista por los derechos ambientales en la región, Miguel Ángel Mijangos Leal, para el gobierno explotar la riqueza mineral es más importante que proteger el entorno de La Montaña, por eso es que ante los proyectos mineros han optado por “pasarse por el arco del triunfo” leyes de protección al medio ambiente, como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley de Fauna Silvestre.
De entrada, precisa que un proyecto minero de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental donde se asegure que no habrá afectaciones mayores al entorno. A nadie se le ha informado si las empresas cumplieron con ese criterio ante las dependencias correspondientes.
En el territorio hay también bosques mesófilos o de niebla, un ecosistema que en muy pocas regiones de México y de América es posible encontrar y que de acuerdo a las leyes mexicanas, adquieren una protección especial por sus características. “Ahí ni siquiera debe de permitirse ni el aprovechamiento forestal y mucho menos las mineras”, critica.
Pero además, hay experiencias en Guerrero, como en la mina instaurada en El Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, donde las empresas arrasaron con vestigios arqueológicos sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hiciera algo para controlarlo. Advierte que ese mismo riesgo sin duda alguna se corre también en La Montaña.
Ojo de Agua es una localidad me’phaa de Malinaltepec donde los lugareños ya han acordado impedir que su territorio sea parte del proyecto minero. Desde 2009 se han organizado para proteger sus bosques no sólo contra las mineras, sino también contra la explotación de madera que realizaba la empresa local Temilitzin, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cual supuestamente fue creada para operar como una empresa al servicio de los Bienes Comunales de Malinaltepec, aunque en los hechos, los únicos beneficiados han sido comuneros de un grupo que controla políticamente al núcleo agrario.
El 24 de noviembre de 2009, más de 70 habitantes presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular contra la maderera, al considerar que incurre en graves faltas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y solicitan que se suspenda el convenio de explotación forestal que autorizó la Semarnat. Actualmente, se mantiene suspendida de manera temporal la explotación del bosque de su comunidad, aunque aún no hay una resolución definitiva. 
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